Guía para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en las contrataciones y subvenciones de la administración y su sector público,

Se exigirá que cuenten con los sellos WFTO o Fairtrade de la Organización Mundial de Comercio Justo

La Conselleria de Transparencia publicó ayer en el DOCV la guía para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en las contrataciones y subvenciones de la administración y su sector público, como las de carácter ético, encaminadas a promover el comercio justo o a luchar contra la corrupción.

Dentro de ese apartado, el manual señala que “la empresa tendrá que incorporar en la prestación de su servicio o en el contenido de subministración productos de comercio justo, siempre que las características del contrato lo permitan”. Se exigirá que cuenten con los sellos WFTO o Fairtrade de la Organización Mundial de Comercio Justo.

En este manual, el Consell también establece una serie de criterios de tipo social o medioambiental que considera aplicables a contratos públicos, así como un último apartado referente a cláusulas lingüísticas que prevén la exigencia a la adjudicataria de las medidas necesarias para garantizar la presencia del valenciano. Al respecto, precisa que aquellas empresas que quieran trabajar para la administración autonómica tendrán que garantizar el derecho del ciudadano a ser atendido en las dos lenguas oficiales y también deberán tener toda su información y publicidad en ambos idiomas.

Además, la guía elaborada por Transparencia establece una serie de vetos para evitar que pueda adjudicarse una contrata o subvención a aquellas empresas que hayan cometido delitos laborales o contra el medioambiente, entre otros supuestos. Tampoco se permitirá acceder a la prestación de servicios públicos a mercantiles que tengan deudas con la hacienda pública o que hayan fijado su sede en países considerados paraísos fiscales.

A través de estas medidas, el Gobierno valenciano pretende generar “oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento de los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, consideración de los criterios de sostenibilidad -incluídas las cuestiones de comercio ético-”, así como un “cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social empresarial”.

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